El Poder Ejecutivo atraviesa su mes más difícil en términos de comunicación y agenda. Lo que comenzó el 9 de marzo como una polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva oficial, se transformó en una crisis de credibilidad que el Gobierno no logra desactivar. Mientras el jefe de Gabinete pierde su principal activo -la palabra-, otras alarmas judiciales y económicas comienzan a encenderse en el corazón de la Casa Rosada.

Hace apenas una semana, Adorni negó ante la prensa la existencia de nuevos focos de conflicto. Sin embargo, la realidad lo contradijo: se reveló la adquisición de un departamento en Caballito por 230.000 dólares, financiado mediante préstamos privados de las vendedoras, una información que el funcionario habría omitido incluso ante su principal sostén político, Karina Milei. 

El asedio es total: desde escraches en su residencia de fin de semana hasta clases públicas frente a sus propiedades y una citación judicial a la escribana actuante. Este desgaste obligó a suspender conferencias de prensa y pone en duda el clima en el que el Jefe de Gabinete deberá rendir cuentas ante el Congreso el próximo 29 de abril, con un récord de casi 5.000 preguntas esperándolo.

Pero el "factor Adorni" no es el único frente abierto. La causa $Libra se perfila como una amenaza estructural para el entorno presidencial. Investigaciones recientes exponen un frenético intercambio de llamadas entre el broker Mauricio Novelli y el círculo íntimo de Milei -incluyendo a Karina y a Santiago Caputo- previo y posterior a la promoción de una presunta estafa. Los audios que mencionan pagos mensuales de "4.000 para Karina" complican el panorama ético y judicial del Gobierno.

En este escenario, las buenas noticias parecen no alcanzar. El reciente dato del Indec, que ubica la pobreza en un 28,2% (el nivel más bajo desde 2018), fue recibido con alivio en los despachos oficiales, pero contrastado inmediatamente por la realidad territorial.

La macroeconomía también muestra fisuras en la "micro". El estiramiento de la cadena de pagos y el descuento de cheques con tasas asfixiantes del 11% mensual revelan un sector pyme al límite.